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En el último Pleno municipal, el Ayuntamiento de Vegas del Genil tomó una decisión que no pasa desapercibida: retirar íntegramente la partida presupuestaria destinada a Bienestar Animal, desviando ese dinero a otras áreas que el propio Ayuntamiento considera prioritarias, como la de Festejos.
Hablamos de una modificación presupuestaria clara y cuantificable: 12.000 euros que estaban previstos para atender obligaciones legales en materia de protección animal desaparecen del presupuesto para engrosar otras partidas, dejando a cero una política pública que debería garantizarse durante todo el año.
El resultado fue evidente ante la ciudadanía. Tanto el concejal de Hacienda como el portavoz de Vox intentaron defender sin éxito esta decisión en el Pleno, sin aportar datos fiables, actuaciones concretas ni una sola inversión acreditable en bienestar animal a lo largo del año. Su intervención no hizo sino dejar en evidencia una gestión inexistente, basada más en el discurso que en los hechos, y una modificación presupuestaria imposible de justificar cuando se contraponen palabras y números.
Las prioridades quedaron a la vista. Y también quedó claro que, en materia de bienestar animal, no se ha hecho nada durante todo el ejercicio.
𝗖𝗲𝗿𝗼 𝗲𝘂𝗿𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗯𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹: 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱
Más allá de los números y del debate plenario, la gestión del bienestar animal se mide por lo que ocurre en la calle, y ahí el balance es elocuente. Durante todo el año no se ha desarrollado ninguna política municipal efectiva en esta materia: no ha habido planificación, seguimiento ni actuaciones visibles que permitan hablar de una gestión activa. Los parques caninos presentan un mantenimiento deficiente y las colonias gatunas han permanecido sin gestión, sin recursos y sin un plan definido a lo largo de todo 2025.
En este contexto, el bienestar animal del municipio se sostiene casi exclusivamente gracias al esfuerzo de los voluntarias y voluntarios de protección animal de Vegas del Genil, que asumen con pocos recursos lo que debería garantizar el Ayuntamiento de Vegas del Genil. Mercadillos solidarios, rifas o meriendas gatunas se han convertido en la única vía para poder alimentar, atender y llevar al veterinario a animales que son responsabilidad municipal. Una realidad conocida por muchos vecinos y vecinas que deja en evidencia la distancia entre el discurso institucional, el silencio de los voluntarios y la situación real sobre el terreno.
𝗟𝗮 𝗢𝗿𝗱𝗲𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲 𝗕𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿 𝗔𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹: 𝗹𝗮 𝗹𝗲𝘆 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗲
Vegas del Genil cuenta con una Ordenanza Municipal de Tenencia y Bienestar Animal plenamente vigente, aprobada y en vigor. No se trata de un texto simbólico ni de una declaración de intenciones, sino de una norma que establece obligaciones concretas para el Ayuntamiento en materia de protección animal. Entre ellas, la recogida de animales abandonados, su custodia y manutención, la atención veterinaria, la intervención ante situaciones de maltrato, la gestión de colonias felinas, la ejecución de decomisos cuando proceda, así como labores de inspección, control y sensibilización ciudadana.
El cumplimiento de estas obligaciones no es posible sin dotación económica. Dejar a cero la partida destinada a Bienestar Animal supone, en la práctica, imposibilitar la aplicación efectiva de la propia ordenanza municipal, vaciándola de contenido y trasladando su cumplimiento a terceros. La norma completa se adjunta en este artículo y puede ser consultada por cualquier vecino o vecina que quiera comprobar, de primera mano, qué responsabilidades asume el Ayuntamiento y cuáles están quedando sin atender.
Una tasa injusta que debe eliminarse: cumplir no puede convertirse en un castigo
Más allá de la falta de gestión municipal, esta tasa resulta injusta en sí misma, incluso aunque el Ayuntamiento prestara correctamente los servicios. El motivo es sencillo: penaliza a quienes cumplen y deja al margen a quienes generan el problema. Pagan la tasa los vecinos que tienen a sus animales identificados, vacunados y cuidados, mientras que quienes abandonan animales, no los registran o incumplen la normativa no asumen ningún coste. El resultado es un sistema profundamente desequilibrado, donde la carga recae siempre sobre los mismos.
El planteamiento no se sostiene desde el sentido común. Es como si se impusiera un impuesto especial a los conductores que respetan las normas de circulación para cubrir los daños causados por quienes circulan sin seguro o abandonan vehículos en la vía pública. O como si se cobrara una tasa a los vecinos que mantienen limpias sus fachadas para financiar la retirada de vertidos ilegales. Cumplir no puede convertirse en un castigo, ni el incumplimiento en una ventaja.
Además, la tasa pretende financiar actuaciones como la recogida de animales abandonados, la asistencia veterinaria o la estancia en centros temporales, cuando estas son obligaciones legales del Ayuntamiento de Vegas del Genil, recogidas en su propia Ordenanza Municipal de Bienestar Animal. Trasladar ese coste a los propietarios responsables supone desvirtuar el papel de la administración pública y convertir derechos y deberes legales en servicios financiados por quienes ya cumplen.
Y esta contradicción es aún mayor cuando el propio Ayuntamiento invierte cero euros en bienestar animal. Si no existe una política pública dotada presupuestariamente, si no hay actuaciones reales ni servicios visibles, la tasa pierde toda razón de ser. Por todo ello, desde Defiende Vegas del Genil solicitamos la eliminación de esta tasa, por ser injusta, recaudatoria y contraria al principio de responsabilidad pública que debe regir el bienestar animal en nuestro municipio.
A esta situación se suma un aspecto especialmente doloroso para muchos vecinos: la existencia de una tasa incluso en el momento de la baja del animal por fallecimiento. En un momento de pérdida emocional, el propietario debe acudir al Ayuntamiento y abonar una cantidad simplemente para comunicar la muerte de su animal, después de haber asumido ya todos los costes veterinarios y, en muchos casos, el propio entierro o incineración.
Resulta difícil de comprender qué servicio se presta en ese momento y qué justifica el cobro de esa tasa, más allá de un trámite administrativo que añade una carga económica y emocional innecesaria a una situación ya dolorosa.
𝗖𝗼𝗹𝗼𝗻𝗶𝗮𝘀 𝗴𝗮𝘁𝘂𝗻𝗮𝘀: 𝗻𝗶 𝗽𝗹𝗮𝗻, 𝗻𝗶 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼𝘀, 𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼𝘀
La situación de las colonias felinas en el municipio es especialmente preocupante. A lo largo de los últimos meses se han sucedido reuniones con cuidadores sin que de ellas hayan salido acuerdos concretos, compromisos económicos ni un plan de actuación definido. En la práctica, las colonias continúan sostenidas exclusivamente por el voluntariado, que asume en solitario la alimentación, los cuidados básicos y, en muchos casos, la atención veterinaria.
A este escenario se suma un hecho especialmente preocupante. El Ayuntamiento licitó hace tiempo un contrato vinculado a la gestión de colonias felinas mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), un servicio que, a día de hoy, no ha comenzado a ejecutarse. Lo más grave es que dicha licitación recayó en una empresa vinculada a denuncias por presuntos malos tratos animales, una circunstancia ampliamente recogida por distintos medios de comunicación y que ha generado una notable inquietud entre cuidadores y colectivos animalistas.
La falta de puesta en marcha del servicio, unida a la elección de una empresa cuestionada en materia de protección animal, refuerza la sensación de descontrol, ausencia de planificación y falta de criterio en la gestión municipal del bienestar animal, especialmente en un ámbito tan sensible como el de las colonias felinas.
La falta de gestión municipal de las colonias felinas tiene además consecuencias directas en la convivencia diaria. Ante la ausencia de alimentación y cuidados garantizados, muchos vecinos actúan por empatía y dejan comida en la vía pública, generando situaciones desordenadas, conflictos con otros animales domésticos y problemas de salubridad.
Esta realidad evidencia una cuestión de fondo: las colonias gatunas deberían estar gestionadas, alimentadas y atendidas de forma regular, evitando que los animales pasen hambre y que la responsabilidad recaiga en iniciativas individuales. La ausencia de un sistema público ordenado no solo perjudica a los gatos, sino también a los propios vecinos.
Más allá de valoraciones, el marco legal es claro. La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece que los ayuntamientos son responsables directos del bienestar de los gatos comunitarios. Esta responsabilidad no es teórica ni opcional, y así lo han confirmado recientes resoluciones judiciales.
Autos dictados por juzgados de lo contencioso-administrativo, como el conocido caso de Daimiel, así como la sentencia pionera contra el Ayuntamiento de El Vendrell, han dejado meridianamente claro que los gatos comunitarios forman parte de la fauna urbana, que su alimentación y atención veterinaria son obligatorias, que la gestión debe realizarse mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) y que la responsabilidad recae directamente en la administración municipal.
No se trata de recomendaciones ni de programas voluntarios.
Es ley. Y ahora, además, es mandato judicial.
Cuando no se asumen las obligaciones legales
El Ayuntamiento aprueba ordenanzas, cobra tasas y reconoce competencias en materia de bienestar animal, pero no destina recursos para cumplir sus propias obligaciones legales, dejando la partida presupuestaria a cero. Como consecuencia, la atención a animales abandonados y colonias felinas recae en el voluntariado, que suple con esfuerzo personal lo que la administración debería garantizar. Eliminar del presupuesto incluso lo poco que existía evidencia una dejación de responsabilidades que no puede normalizarse: alimentar y cuidar no es opcional, es una obligación legal, y el bienestar animal debe depender de instituciones que cumplan la ley, no de la buena voluntad vecinal.
